Artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital

El artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada podrán emitir obligaciones y otros valores negociables que representen deuda, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Entre ellos, se encuentra la necesidad de que los estatutos de la sociedad prevean la posibilidad de emitir estos valores. Además, la emisión de estos títulos deberá ser aprobada por la junta general de accionistas o por el órgano de administración de la sociedad, según lo establezcan los estatutos.

Asimismo, la emisión de obligaciones y otros valores negociables deberá ser inscrita en el Registro Mercantil y se deberá publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Es importante destacar que la emisión de estos valores puede resultar una alternativa a la financiación bancaria tradicional y puede ser una herramienta útil para obtener financiación a largo plazo por parte de la sociedad. Sin embargo, al tratarse de una emisión de deuda, también implica el compromiso de la sociedad de devolver el capital y los intereses correspondientes en los plazos establecidos en los títulos emitidos.

Interpretación del Artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital

El artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital establece las reglas y los requisitos para la adopción de acuerdos por parte de la Junta General de Accionistas de una Sociedad de Capital. A continuación, se presenta una interpretación detallada del artículo 79 y se dan ejemplos de situaciones que pueden surgir en la aplicación de este artículo.

Requisitos para la adopción de acuerdos

Según el Artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital, los acuerdos de la Junta General de Accionistas se adoptarán por mayoría de votos, salvo en los casos en los que la Ley o los estatutos exijan una mayoría cualificada. Por lo tanto, para que un acuerdo sea válido, debe ser aprobado por la mayoría de los votos emitidos en la Junta General.

Por ejemplo, si en una Junta General de Accionistas de una Sociedad de Capital hay 100 accionistas presentes y votando, y se emiten 80 votos a favor de un acuerdo y 20 votos en contra, el acuerdo se considera aprobado.

Convocatoria de la Junta General

La Ley de Sociedades de Capital también establece los requisitos para la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Según el Artículo 79, la convocatoria debe realizarse con al menos quince días de antelación, y debe incluir el orden del día de la reunión y la fecha, hora y lugar de la misma.

Por ejemplo, si una Sociedad de Capital desea convocar a una Junta General de Accionistas para el 1 de abril, deberá enviar la convocatoria a los accionistas con al menos quince días de antelación, es decir, antes del 17 de marzo. La convocatoria debe incluir el orden del día de la reunión y la fecha, hora y lugar de la misma.

Quórum necesario

El Artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital también establece el quórum necesario para la adopción de acuerdos. Según este artículo, la Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran accionistas que representen al menos la mitad del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la Junta General quedará válidamente constituida cualquiera que sea el capital presente o representado.

Por ejemplo, si el capital social de una Sociedad de Capital es de 100.000 euros, la Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria si están presentes accionistas que representen al menos 50.000 euros de capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la Junta General quedará válidamente constituida cualquiera que sea el capital presente o representado.

En conclusión, el Artículo 79 de la Ley de Sociedades de Capital establece los requisitos y las reglas para la adopción de acuerdos por parte de la Junta General de Accionistas de una Sociedad de Capital. Es importante que las Sociedades de Capital cumplan con estos requisitos para garantizar la validez de los acuerdos adoptados en la Junta General.

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